Conmemoracion de la Expropiaciòn Petrolera 2009

Al llegar a la Presidencia de la República, el general Lázaro Cárdenas retoma la preocupación de sentar las bases de equidad y justicia en las relaciones entre los factores de la producción, tanto en el campo como en la industria, enarbolados desde la Constitución de 1917.
Desde años atrás, el Estado mexicano había concesionado a individuos y empresas extranjeras la explotación de la riqueza natural del país, como la plata, el cobre, diversos productos agrícolas y pesqueros, y el petróleo.
En el caso de este último recurso natural, las empresas extranjeras que contaban con el permiso del gobierno mexicano para explotarlo, se negaron a aceptar las disposiciones legales para que fueran reconocidas las organizaciones de los trabajadores nacionales, con quienes debían negociar las condiciones de trabajo, entre las cuales ocupaban un lugar muy importante las consideraciones sobre el salario y las prestaciones.
Las empresas petroleras no sólo se negaron a acatar la ley laboral, sino incluso su responsabilidad de pagar los impuestos, a lo que estaban obligadas por un mínimo de equidad, ya que hasta entonces habían gozado de una serie de consideraciones de todo tipo.
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció porque las compañías petroleras debían acatar el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a favor de sus trabajadores.
A pesar de esto, esas empresas se mantuvieron en desobediencia, confiadas en que sus reservas del combustible en otras partes del mundo les permitirían cumplir sus compromisos. Consideraban que Sin el pago de los salarios a sus trabajadores y la falta de petróleo para atender las necesidades internas del país, terminarían por doblegar al gobierno mexicano y a sus trabajadores.

Ante esa actitud, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una decisión de trascendencia, que fue apoyada prácticamente por el pueblo; el cual, además, en un acto de respaldo, contribuyó con lo poco que podía aportar para pagar el costo de esa decisión.
El mensaje con el que el presidente Cárdenas hizo pública su decisión, fue el siguiente:
“Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la Nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen las autoridades del propio país.
“Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.
“Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital del que se habla.”
Con ese preámbulo, el presidente Lázaro Cárdenas daba a conocer el decreto mediante el cual se expropiaba la industria petrolera en beneficio del país. Por ello, el 18 de marzo de 1938 es un día memorable para la nación mexicana.

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